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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 17 de marzo de 2026.- El sistema judicial del Vaticano sufrió este martes un revés histórico después de que el tribunal de apelación declarara la nulidad del proceso contra el cardenal Angelo Becciu. La resolución de 16 páginas ordena iniciar un nuevo juicio el próximo 22 de junio, tras detectar fallas procedimentales graves que viciaron la acusación original y afectan el legado jurídico de la pasada administración papal.
La sentencia identifica dos causas fundamentales para invalidar lo actuado. En primer lugar, la fiscalía omitió la entrega de documentos clave recabados durante la investigación, lo que impidió a los implicados ejercer una defensa técnica adecuada. No obstante, el punto más relevante radica en la invalidez de un decreto secreto firmado por el difunto papa Francisco para dotar de poderes extraordinarios al fiscal, el cual nunca fue publicado y carece de sustento legal.
Los abogados de Becciu, Fabio Viglione y Maria Concetta Marzo, señalaron que el fallo confirma que la defensa operó en condiciones de inferioridad desde el arranque de las indagatorias.
"Demuestra que desde el primer instante teníamos razón al denunciar la violación del derecho a la defensa", explicaron los letrados tras conocerse la decisión que devuelve el caso a su etapa inicial.
El origen de este litigio se remonta a una inversión inmobiliaria en Londres que representó una pérdida de entre 165 millones y 225 millones de dólares para la Santa Sede. Becciu, quien fungió como sustituto de la Secretaría de Estado, fue señalado por autorizar operaciones financieras que los jueces describieron previamente como una muestra de indiferencia hacia las normativas internas del Estado vaticano.
El proceso, que comenzó en julio de 2021, involucró a diez personas y expuso detalles controvertidos sobre espionaje interno y pagos de rescates a grupos extremistas. Con la nulidad del juicio, la estrategia de transparencia financiera impulsada en años anteriores queda bajo cuestionamiento debido a la presunta coordinación impropia entre los investigadores y el entorno del pontífice anterior.
Actualmente, el cardenal de 77 años mantiene su libertad mientras se agotan los recursos legales, aunque sus derechos cardenalicios permanecen suspendidos. El caso queda ahora en manos del papa León XIV, quien hereda un expediente judicial estancado y una fiscalía cuya credibilidad se encuentra comprometida ante la opinión pública internacional y los expertos en derecho canónico.




