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TRENTON, Nueva Jersey, EU, 16 de marzo de 2026.- Dos propietarios de una distribuidora farmacéutica mayorista fueron sentenciados a un total de 38 años de prisión por dirigir un esquema nacional de desvío de medicamentos contra el VIH que afectó a pacientes vulnerables y alteró la cadena de suministro de fármacos con receta en Estados Unidos.
Según documentos judiciales, los hermanos Patrick Boyd, de 47 años, y Charles Boyd, de 43, fundadores de Safe Chain Solutions en Maryland, adquirieron más de 28 mil frascos de medicamentos contra el VIH provenientes del mercado negro entre abril de 2020 y septiembre de 2021.
Los fármacos eran obtenidos mediante “esquemas de recompra” y, en muchos casos, enviados en envases usados, sucios o sin sellos.
Las pruebas mostraron que algunos pacientes recibieron frascos con medicamentos incorrectos. Uno de ellos declaró que ingirió por error un antipsicótico y perdió el conocimiento durante 24 horas. Las farmacias también reportaron frascos manipulados o con fármacos distintos a los prescritos.
El Departamento de Justicia señaló que el esquema puso en riesgo a pacientes que dependen de tratamientos esenciales y generó pérdidas millonarias para programas públicos de salud. Autoridades federales destacaron que la operación afectó la integridad de Medicare, Medicaid y del sistema de distribución farmacéutica.
El inspector general adjunto interino del HHS-OIG, Scott J. Lampert, afirmó que los acusados actuaron con “desprecio por la seguridad del paciente” y que la investigación continuará enfocada en redes que buscan introducir medicamentos desviados en el mercado legítimo.
En octubre de 2025, un jurado declaró culpables a los hermanos Boyd de conspiración para introducir medicamentos mal etiquetados en el comercio interestatal, fraude electrónico y tráfico de productos médicos con documentación falsa. Charles Boyd recibió una condena de 20 años de prisión y Patrick Boyd, 18 años. Ambos deberán pagar 21,85 millones de dólares en decomisos.
Un tercer implicado, Adam Brosius, se declaró culpable previamente de conspiración para cometer fraude electrónico y fue sentenciado a 97 meses de prisión.
El caso fue investigado por el HHS-OIG y el FBI. Fiscales del Distrito Sur de Florida y de la División Penal del Departamento de Justicia llevaron adelante el procesamiento, en el marco de los esfuerzos federales para combatir el fraude en el sistema de salud.




