Programa Educación Migrante trabaja con niños en contexto de movilidad
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 12 de marzo de 2026.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con fiscales de otros 16 estados, presentó una demanda contra la administración del presidente Donald Trump para frenar un nuevo requisito federal que obliga a universidades y colegios a recopilar y reportar grandes cantidades de datos sobre admisiones y estudiantes.
La acción legal busca bloquear una nueva encuesta del Departamento de Educación que exige a las instituciones enviar información detallada sobre solicitantes y alumnos.
Según la demanda, el nuevo cuestionario llamado Suplemento sobre admisiones y transparencia para el consumidor obliga a las universidades a reunir y reportar hasta siete años de datos sobre estudiantes, incluyendo información desglosada por raza, género, ingresos familiares, calificaciones, resultados académicos y ayuda financiera.
Las autoridades estatales sostienen que el gobierno federal impuso estas reglas con rapidez y sin cumplir los procedimientos legales necesarios.
“Una vez más, esta administración está tratando de ampliar la autoridad del gobierno federal para servir a su propia agenda política y atacar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión”, afirmó James, en un comunicado de prensa. La fiscal también advirtió que “las universidades no deberían verse obligadas a entregar enormes cantidades de datos sensibles de estudiantes para satisfacer otra cacería de brujas”.
De acuerdo con la coalición de fiscales, el nuevo requisito podría generar una carga administrativa considerable para universidades públicas y privadas, además de plantear riesgos para la privacidad de los estudiantes.
Instituciones como el sistema de la Universidad Estatal de Nueva York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York podrían tener que destinar recursos y personal para recopilar información compleja en poco tiempo.
Los fiscales argumentan que la medida viola la Ley de Procedimiento Administrativo y pidieron al tribunal que impida al gobierno federal exigir estos reportes o sancionar a las instituciones que no los presenten, según informaron en el anuncio de la demanda.




