Confirma el Supremo de España que finca de Franco es propiedad pública

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 12 de marzo de 2026.- El Tribunal Supremo de España ratificó por unanimidad la sentencia que obliga a los herederos del dictador Francisco Franco a reintegrar el Pazo de Meirás al patrimonio público. La resolución judicial desestima los recursos presentados por la familia, que buscaba mantener la titularidad de esta propiedad histórica situada en Galicia.

El inmueble, que originalmente perteneció a la escritora Emilia Pardo Bazán, funcionó como residencia de descanso del régimen tras un proceso de adquisición que los tribunales calificaron como una simulación de venta durante la guerra civil.

La sentencia definitiva reconoce que el Estado deberá indemnizar a los descendientes de Franco por los gastos realizados en la conservación de la finca. El alto tribunal fundamentó esta decisión al señalar que las administraciones públicas intentaron modificar su postura inicial para declarar a los herederos como poseedores de "mala fe", una figura jurídica que hubiera evitado el pago.

No obstante, los magistrados determinaron que dicho reclamo fue extemporáneo y que la liquidación del estado posesorio debe proceder conforme a lo establecido en las etapas previas del litigio en Estados Unidos y Europa.

Bajo una perspectiva histórica, el fallo destaca la dificultad que existía durante la dictadura para diferenciar los bienes personales del mandatario de los recursos estatales, describiendo el periodo como una “autocracia personalista”. Esta devolución cierra un capítulo legal iniciado en 2019, cuando el Gobierno español reclamó la propiedad con el respaldo de autoridades regionales y locales de A Coruña y Sada.

El proceso también contempla la titularidad pública de 559 objetos históricos que permanecen en el interior del edificio, los cuales fueron reclamados en una causa judicial independiente.

Los Martínez-Bordiú Franco pierden así la última instancia para reclamar la posesión de este recinto, el cual será gestionado íntegramente por el patrimonio estatal para fines culturales y de memoria histórica. La ejecución de la sentencia marca el fin de décadas de uso privado de la finca por parte de la familia del dictador tras su fallecimiento en 1975.