Acusan a 3 hispanos por tráfico laboral en EU
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 24 de febrero de 2026.- Un gran jurado federal acusó a tres ciudadanos mexicanos por presuntamente traficar y someter a trabajo forzado a jornaleros agrícolas en Estados Unidos, además de alojarlos tras el vencimiento de sus visas para obtener beneficios económicos.
La acusación formal, dada a conocer el viernes 20 de febrero, incluye 35 cargos relacionados con trabajo forzado, conspiración, fraude de visas, obstrucción y servidumbre documental. El caso se procesa en el Distrito Este de Carolina del Norte, indica un comunicado de prensa.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los imputados habrían utilizado el programa de visas agrícolas temporales H-2A para reclutar trabajadores en México con promesas de empleo legal. Sin embargo, una vez en territorio estadounidense, presuntamente les confiscaban pasaportes y documentos de identidad, los endeudaban con cuotas de reclutamiento y los obligaban a laborar en condiciones inhumanas.
Los hechos habrían ocurrido entre agosto de 2021 y julio de 2022 en granjas y viveros de Virginia, Carolina del Norte y Florida.
Según documentos judiciales, Martha Zeferino Jose, de 42 años, residente permanente en Estados Unidos, operaba Las Princesas Corporation, empresa con sede en Washington, Carolina del Norte, dedicada a la contratación de mano de obra agrícola. La mujer gestionaba la compañía junto con su pareja, identificado como José Rodríguez Muñoz, ciudadano mexicano en situación migratoria irregular, y su hijo Jeremy Zeferino Jose, de 23 años.
La acusación sostiene que Zeferino Jose presentó solicitudes fraudulentas ante el Departamento de Trabajo y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, certificando falsamente que cumpliría con las leyes laborales, incluidos salarios adecuados, vivienda digna y la prohibición de cobrar cuotas o retener documentos.
Una vez en Estados Unidos, los trabajadores presuntamente eran obligados a realizar jornadas extenuantes sin descansos suficientes ni acceso adecuado a agua, alojados en viviendas hacinadas y sin servicios básicos, y privados de salarios completos, alimentos y atención médica. Además, se les habría amenazado con deportación para evitar que denunciaran los abusos.
Cuando las visas H-2A expiraban, los acusados supuestamente les indicaban permanecer en el país y los alojaban para seguir obteniendo ganancias.
De ser declarados culpables, enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por cada cargo de trabajo forzado, entre otras sanciones. El caso es investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo.
