Las atallas

Hacia el 2027: la tiranía de las élites

En medio del debate en torno a una eventual reforma electoral -que la presidente Claudia Sheinbaum impulsaría entre febrero-marzo y que prevé, entre otras cosas, el fin de la figura de legisladores plurinominales- las fuerzas políticas del país han echado a andar la maquinaria interna para pavimentar su camino hacia las definiciones 2027.

No es tema menor, quizá haya reglas nuevas, pero el país entero entrará en competencia con la concurrencia entre elecciones locales, la elección federal intermedia y el segundo paquete de elección de personas juzgadoras; en conjunto serán más de 20 mil cargos de elección popular en disputa y más de 100 mil candidatos en busca del voto.

¿Pero quién define todas estas candidaturas?, pues la misma elite que en muchos casos ocupa espacios en el Congreso de la Unión sin hacer campaña.

Si bien cada fuerza política, en el marco de su vida interna, cuenta con reglas públicas claras para definir candidaturas, quienes tendrán la última palabra, los que levantarán la mano, los que movilizarán estructuras, los que definirán estrategia, serán las dirigencias nacionales, las dirigencias estatales con el visto bueno de las nacionales… los jefes políticos.

Y esos jefes políticos son los que mandan al interior de cada partido, así de simple. Los que empujan, dan respaldo, abren y cierran puertas para definir quien competirá, muchas veces desplazando a quienes están mejor posicionado, tienen mayor respaldo social o cuentan con mayor arraigo y presencia en el territorio a disputarse… aquí juegan las lealtades.

Es parte del juego del poder político. Así ha sido siempre, pese al cambio de reglas que vienen con cada reforma electoral. Por eso son los líderes de los partidos, los que dirigen, los que dan la estrategia y ven que se cumpla, los que velan por el proyecto de cada fuerza política plasmado en sus estatutos y plataformas electorales, los que tienen la última palabra.

Serán miles y miles de personas a lo largo del país que buscarán, para finales del año, tener amarrada una de las más de 100 mil candidaturas que se presentarán a las urnas en 2027, entre ellas 17 gubernaturas: BC, BCS, campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, y SLP.

Además 300 diputados de mayoría y, si sobreviven los pluris, entrar a las listas para ocupar una de las 200 curules plurinominales en San Lázaro; se elegirán miles de presidencias municipales y regidores, se renovarán al menos 25 congresos estatales, habrá una segunda elección de jueces y magistrados. En todo este proceso las elites políticas serán protagónicas.

En algunas entidades los ciudadanos recibirán más de 10 papeletas para elegir el mismo número de cargos.

Y si, insisto, serán las elites políticas -nacionales y estatales con aval de las nacionales- las que evaluarán a cada aspirante, las que dirigirán los procesos internos que tienen definidos todos los partidos políticos en sus reglamentos internos, antes de entregarles su candidatura para que hagan campaña y presentarlos a las urnas.

Con la eliminación de los plurinominales no desaparecerá el privilegio del que hoy gozan las cúpulas partidistas, los liderazgos históricos, los grupos de poder para ocupar espacios políticos o colocar en ellos a sus cercanos, a sus leales, a quienes garanticen la defensa de sus intereses.
Ninguno de los dirigentes de las fuerzas políticas nacionales ni de los grupos de poder económico esta dispuesto a hacerse a un lado ni a dejar de ejercer su liderazgo de cara la reconfiguración del escenario político que tendrá México en 2027. Lo veremos en breve.

RADAR

INVENCIÓN. Nos comentan que la designación de Jacqueline López Ortega -una reconocida influencer de redes sociales en temas de salud-, como “directora de área eventual” en la Secretaría de Salud, con un sueldo neto de 59 mil 747 pesos, ha abierto serias interrogantes al interior de esa institución clave del gobierno federal.

En el gabinete del área social del gobierno federal, me comentan, han cuestionado la decisión pues en qué momento la popularidad en redes sociales se convirtió en un criterio para ocupar cargos públicos remunerados, especialmente en un sector que enfrenta carencias históricas, recortes presupuestales y una grave insuficiencia de personal médico y de medicamentos.

Si el discurso oficial insiste en la austeridad, la transparencia y la profesionalización del servicio público, ¿cómo se justifica la creación de una plaza con ese nivel salarial y para qué funciones específicas? ¿Cuáles son los méritos técnicos, la experiencia en salud pública o la trayectoria administrativa que respaldan esta decisión?

Aunque la famosa Dr Jackie cuenta con formación médica, resulta legítimo cuestionar por qué se destinan recursos públicos a perfiles cuya actividad principal ha sido como influencer de redes sociales, cuando hospitales y programas de prevención continúan operando con presupuestos limitados y carencias de personal.

Ante este escenario, también es pertinente preguntar cuál es la postura del Secretario de Salud, si está plenamente al tanto de esta designación y cómo concilia este tipo de decisiones con el discurso oficial de austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La ciudadanía no solo espera respuestas: exige congruencia. Estaremos atentos.

Saludos para los amigos de Quadratín.