Allanan viviendas de políticos ecuatorianos acusados de presunto lavado
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 28 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado ecuatoriano ejecutó una serie de allanamientos en las provincias de Pichincha y Guayas dirigidos contra figuras clave del movimiento Revolución Ciudadana. Los operativos se centraron en inmuebles pertenecientes a Luisa González, exaspirante presidencial, y otros colaboradores cercanos, como parte de una instrucción fiscal denominada caso Caja Chica, que investiga una supuesta red de lavado de activos.
El Ministerio Público informó que la indagación preliminar se basa en la presunción de ingresos de dinero ilícito en efectivo provenientes de Venezuela. Según la tesis de la entidad, estos recursos habrían sido inyectados para el financiamiento de la campaña electoral del binomio conformado por González y Andrés Arauz durante los comicios anticipados de 2023, tras el decreto de muerte cruzada en el país sudamericano.
Las incursiones domiciliarias abarcaron tres propiedades en Pichincha y una en Guayas, con el objetivo de recabar evidencias sobre la ruta del capital bajo sospecha. Además de González y Arauz, el listado de personas bajo investigación incluye al expresidente Rafael Correa y a exministros de finanzas como Fausto Herrera y Patricio Rivera, junto a otros asesores vinculados a la estructura financiera del movimiento político.
Como respuesta a las diligencias, diversos integrantes de la organización manifestaron su inconformidad, señalando que los procedimientos judiciales responden a una intención de debilitar a la oposición. Autoridades como el alcalde de Quito y la prefecta de Pichincha calificaron las acciones como una judicialización de la política, argumentando que el sistema judicial prioriza estos casos sobre la crisis de seguridad que demanda atención inmediata.
Hasta el momento, las autoridades judiciales mantienen bajo custodia los elementos incautados durante los registros para avanzar en la etapa de instrucción. El proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos por parte de la defensa técnica de los involucrados, quienes denuncian que la apertura del expediente se originó mediante reportes con reserva de identidad y presiones externas sobre los fiscales encargados.
