Liberan a 87 presos políticos venezolanos durante Año Nuevo
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 1 de enero de 2026.- La madrugada de este jueves marcó el regreso a casa de 87 personas que permanecían recluidas en el centro penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad confirmó que este grupo de ciudadanos obtuvo su libertad tras haber sido capturados durante las movilizaciones sociales que surgieron a raíz de los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela.
Esta medida se produce luego de que el proceso de liberaciones se mantuviera paralizado desde marzo de 2025. Los familiares, quienes sostuvieron una campaña de presión y movilización durante más de un año, señalaron que el retorno de estas acciones judiciales es una respuesta directa a la persistencia de los grupos de derechos humanos y las organizaciones populares que exigen el cierre de los casos.
A pesar del júbilo que generó el reencuentro familiar, el colectivo de defensa aclaró que se trata de una libertad con limitaciones. Los ciudadanos excarcelados mantienen abiertos sus procesos judiciales y deben cumplir con diversas medidas cautelares dictadas por los tribunales. El comité enfatizó que la situación sigue siendo insuficiente mientras existan otros allegados bajo arresto por motivos ideológicos o de protesta.
El grupo de madres insistió en que la nación requiere de una amnistía general para garantizar la libertad plena de todos los que consideran detenidos de forma arbitraria. Este movimiento de presos se añade a las jornadas previas registradas el pasado 25 de diciembre, aunque las cifras entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal suelen presentar discrepancias en los conteos finales.
Las detenciones masivas ocurrieron en el marco de la crisis política desatada tras el 28 de julio de 2024, cuando la autoridad electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro para un tercer periodo. Mientras la oposición denunció un fraude y reclamó el triunfo de Edmundo González Urrutia, el Ministerio Público acusó a más de dos mil 400 manifestantes de cargos vinculados al terrorismo.
Por su parte, la administración oficialista sostiene que los arrestados incurrieron en delitos punibles graves y rechaza la existencia de presos políticos en sus dependencias. La lucha por la revisión de expedientes continúa siendo el eje central de las demandas de las familias que aún aguardan por la liberación de centenares de personas en distintos puntos del territorio venezolano.
