Demandan 25 estados a Trump por congelar beneficios de alimentos SNAP
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 28 de octubre de 2025.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a una coalición de 25 fiscales generales y tres gobernadores, presentó este martes una demanda contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) por suspender ilegalmente los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante el cierre federal en curso.
De acuerdo con un comunicado, la acción legal busca impedir que el gobierno retenga los pagos de noviembre a más de 40 millones de estadounidenses, incluidos casi tres millones de neoyorquinos.
Según la demanda, esta suspensión viola la Ley de Alimentos y Nutrición, que exige garantizar asistencia alimentaria a todos los hogares elegibles, y contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo por ser una medida arbitraria y caprichosa.
"Millones de estadounidenses están a punto de pasar hambre porque el gobierno federal ha optado por retener la asistencia alimentaria que está legalmente obligado a proporcionar", declaró James. "SNAP es una herramienta vital para combatir el hambre, y el USDA tiene los fondos para mantenerlo. No hay excusa para abandonar a las familias que dependen de este programa."
SNAP es el mayor programa contra el hambre en Estados Unidos. Más de 42 millones de personas lo utilizan, incluidos niños, adultos mayores y veteranos. En Nueva York, casi tres millones de residentes reciben estos beneficios, que suman unos 650 millones de dólares mensuales.
Por primera vez en sus 60 años de historia, el gobierno federal se niega a emitir pagos mensuales de SNAP debido a un lapso en las asignaciones presupuestarias.
Aunque el USDA inicialmente prometió usar fondos de contingencia, el 10 de octubre instruyó a los estados a retener los pagos de noviembre. Dos semanas después, ordenó formalmente suspender los beneficios a partir del 1 de noviembre.
La coalición argumenta que esta pausa es innecesaria, ya que el USDA dispone de al menos 6 mil millones de dólares en fondos de contingencia asignados por el Congreso para mantener el programa activo durante cierres gubernamentales. La demanda solicita una orden de restricción temporal que obligue al USDA a liberar esos fondos de inmediato.
El pasado viernes, James y otros 22 fiscales generales enviaron una carta a la secretaria del USDA, Brooke Rollins, solicitando aclaraciones sobre el plan de contingencia. Hasta la fecha, no han recibido respuesta.
Entre los estados demandantes se encuentran Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, junto a los gobernadores de Kansas, Kentucky y Pensilvania.
