Exige fiscal de NJ respuestas a Trump por recorte en fondos de alimentos
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 26 de octubre de 2025.- El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew J. Platkin, junto a una coalición de 23 fiscales generales, exigió al gobierno federal aclarar cómo planea proceder ante el posible vencimiento de fondos para programas críticos de nutrición, como SNAP y WIC, debido al cierre en curso del gobierno.
De acuerdo con un boletín, una carta fue enviada al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y advierte sobre el impacto que tendría la suspensión de beneficios en millones de estadounidenses vulnerables.
En Nueva Jersey, casi un millón de niños, adultos mayores y veteranos dependen de la asistencia alimentaria.
“Es indignante y cruel que la Administración Trump permita que estos fondos terminen y pongan en peligro la vida de millones de estadounidenses, incluido casi un millón de personas aquí mismo en Nueva Jersey”, declaró Platkin. “El dinero está disponible para continuar pagando estos beneficios sin interrupción. ¿Cuál es entonces la verdadera motivación para quitarles la comida a nuestros ciudadanos más vulnerables?”, cuestionó.
El 10 de octubre, el USDA emitió una carta a las agencias estatales que administran SNAP, indicando que, si persiste el cierre, no habrá fondos suficientes para cubrir los beneficios de noviembre para unos 42 millones de personas.
La misiva ordenó a los estados retener sus archivos de emisión y suspender la transmisión a los proveedores de tarjetas EBT, sin citar autoridad legal ni justificar la medida.
Los fiscales generales señalan que el USDA dispone de al menos seis mil millones de dólares en fondos de contingencia asignados por el Congreso, además de recursos disponibles bajo la Sección 32, que podrían utilizarse para mantener los beneficios durante el cierre. En lugar de activar esos fondos, la agencia ordenó detener asignaciones ya calculadas.
La carta conjunta solicita respuestas antes del 27 de octubre sobre el uso de fondos de contingencia, el acceso a otras fuentes de financiamiento, y la legalidad de la directiva emitida. También pide aclarar si la instrucción debe considerarse una suspensión o cancelación de beneficios bajo la normativa vigente.
A nivel nacional, el 40 por ciento de los beneficiarios de SNAP en 2023 eran menores de edad, y otro 20 por ciento adultos mayores.
Los fiscales advierten que incluso un retraso temporal tendría efectos devastadores en la seguridad alimentaria y la economía del país.
La misiva fue firmada por los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Oregón, Vermont, Wisconsin, Washington y el Distrito de Columbia.
