Enfrentan inmigrantes grave crisis de salud en EU por nuevas políticas
PRINCETON, Nueva Jersey, 14 de septiembre de 2025.- El pasado 10 de julio de 2025, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) publicó en el Federal Register un aviso que reinterpreta la Ley de Reconciliación de Oportunidades Laborales y Responsabilidad Personal (PRWORA), aprobada en 1996.
Esta ley restringe el acceso de inmigrantes indocumentados a “beneficios públicos federales”, pero durante más de dos décadas se había aplicado bajo una interpretación de 1998 que permitía excepciones en programas de salud comunitarios.
Con el cambio anunciado por el HHS, esos programas, entre ellos los Centros de Salud Comunitarios (FQHCs), el programa educativo Head Start y fondos de salud mental y adicciones de SAMHSA, pasaron a considerarse “beneficios públicos federales”, lo que implica que las clínicas deberán verificar estatus migratorio antes de atender a pacientes.
Según un comunicado oficial del HHS, la medida busca “restaurar el cumplimiento con la ley”. La American Hospital Association (AHA) advirtió, sin embargo, que la decisión dejaría a millones de ‘illegal aliens’ o ‘inmigrantes indocumentados’ sin acceso a atención primaria en los FQHCs, que atienden a más de 32 millones de personas al año.
Aunque la norma mantiene excepciones limitadas, como emergencias, vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles, el cambio genera incertidumbre entre clínicas y estados. La organización Kaiser Family Foundation (KFF) ha señalado que imponer verificaciones migratorias tendrá un “efecto disuasorio”.
“Muchas familias dejarán de acudir a consultas preventivas por miedo, lo que incrementará las atenciones de emergencia y, en consecuencia, los costos del sistema”, aseguró la organización.
Bloquean intentos de aplicarla
La medida debía entrar en vigor el pasado 10 de septiembre de 2025, pero no lo hizo plenamente. Ese mismo día, el Tribunal Federal de Rhode Island concedió una orden preliminar que bloquea su aplicación en 21 estados y en Washington DC, incluidos Nueva York y Nueva Jersey, según informó el bufete Feldesman LLP.
Poco después, un juez en Seattle detuvo a nivel nacional la exclusión de niños migrantes del programa Head Start, según reportó una agencia el 11 de septiembre. En la práctica, la aplicación de la norma está fragmentada: suspendida en los estados demandantes, pero con la posibilidad de implementarse en otros, a la espera de que los tribunales definan su futuro.
“El paquete de reconciliación presupuestaria que enmarca esta medida “castiga a inmigrantes, independientemente de su estatus”, denunció el New Jersey Consortium for Immigrant Children (NJCIC) en un comunicado.
Reportes indican que médicos en clínicas comunitarias han reportado múltiples cancelaciones de citas por miedo a ser cuestionados sobre estatus migratorio.
Un contexto grave para comunidades latinas
“Esta ley solo aumentará la incertidumbre y la confusión a la que se enfrentan los niños inmigrantes que intentan navegar por el ya complejo sistema legal de inmigración de EU”, afirmó Alyssa Oravec, asesora política del NJCIC.
Los inmigrantes indocumentados corren el riesgo de quedar fuera de su única fuente de atención primaria, mientras que las familias con estatus mixto (padres indocumentados con hijos ciudadanos) enfrentan barreras adicionales y un clima de temor.
Al mismo tiempo, los latinos de bajos ingresos que dependen de Medicaid o de subsidios de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, conocida como Obamacare) también se encuentran en riesgo por los cambios legislativos que se avecinan.
2026: Salud más costosa y menos accesible
A finales de 2025 expirarán los subsidios ampliados de la ACA, lo que provocará un aumento en las primas del mercado individual. De acuerdo con KFF, en 2026 se espera un incremento mediano del 18 por ciento, el mayor desde 2018.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calcula que hasta 10 millones de personas más podrían quedar sin seguro durante la próxima década si no se renuevan estas ayudas. Estudios del Urban Institute proyectan que la pérdida de cobertura afectará de forma desproporcionada a latinos y afroamericanos, mientras que UnidosUS advierte que más de cuatro millones de latinos podrían perder acceso a seguros de salud.
A esto se suma la Ley de Reconciliación Presupuestaria de 2025, aprobada en julio, que incluye recortes de más de un billón de dólares en gasto federal de salud, según la CBO, KFF y la Asociación Médica Estadounidense (AMA). La norma introduce, además, requisitos de trabajo para Medicaid, a pesar de que KFF ha documentado que el 67 por ciento de los adultos latinos que reciben este beneficio ya trabajan.
La combinación de estos factores dibuja un panorama preocupante para 2026. Mientras el HHS intenta restringir el acceso de los indocumentados a servicios comunitarios esenciales y los subsidios de la ACA llegan a su fin, millones de familias latinas e inmigrantes enfrentan un doble golpe: menos acceso a clínicas y programas, y seguros privados cada vez más costosos.
El resultado, advierten expertos y organizaciones, podría ser un aumento significativo en la población sin cobertura médica y un ensanchamiento de las desigualdades en el sistema de salud estadounidense.
