Exigen frenar medida que revoca TPS a haitianos
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 4 de septiembre de 2025.- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, codirigió una coalición de 18 fiscales generales en defensa del Estatus de Protección Temporal (TPS) de más de 250 mil haitianos que viven en Estados Unidos.
En un comunicado explican que en el escrito amicus curiae presentado ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, la coalición solicita suspender la política federal que busca eliminar estas protecciones.
“El intento de revocar su estatus legal pondría en peligro a cientos de miles de personas y amenazaría con separar a las familias”, advirtió James. “Continuaremos luchando para que los haitianos que vinieron a construir una vida mejor puedan seguir persiguiendo el sueño americano”.
El TPS fue otorgado a Haití tras el terremoto de 2010 y renovado en varias ocasiones, la más reciente en 2024. A pesar de la persistente inseguridad y crisis política en el país, la administración federal ha iniciado acciones para terminar el programa, lo que afectaría a más de 56 mil haitianos solo en Nueva York.
Según datos oficiales, más de 200 mil ciudadanos estadounidenses, incluidos 87 mil niños, viven con un familiar haitiano beneficiario del TPS.
La coalición advierte que revocar el estatus obligaría a padres a elegir entre separarse de sus hijos, llevarlos a un país inestable o permanecer sin autorización legal en Estados Unidos.
Los fiscales también mencionan el impacto económico. Los haitianos con TPS aportan 4.4 mil millones anuales a la economía nacional y desempeñan funciones en salud, educación y construcción. La pérdida de permisos laborales afectaría el acceso a seguros médicos, aumentaría los riesgos sanitarios y debilitaría la seguridad pública.
Además, la terminación del TPS limitaría el acceso a servicios legales, aumentaría el temor a la deportación y disuadiría a las familias de interactuar con autoridades, lo que podría afectar la denuncia de delitos y la asistencia escolar de menores.
La coalición argumenta que la política es arbitraria, discriminatoria e inconstitucional, y solicita a la corte conceder la moción de los demandantes para suspender su implementación.
Entre los firmantes del escrito están los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
