Evalúa Trump suspender Habeas Corpus ante invasión migratoria
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 11 de mayo de 2025.- La administración Trump está considerando activamente la suspensión del habeas corpus, un principio jurídico fundamental que protege a las personas contra detenciones arbitrarias, como parte de su estrategia para intensificar las políticas antimigrantes.
En declaraciones, Stephen Miller, uno de los principales consejeros del presidente Donald Trump, señaló que la Constitución permite dicha suspensión, justificando así la medida en el contexto de la llegada de migrantes.
Miller advirtió que la opción está sobre la mesa y su implementación dependerá de si las cortes hacen lo correcto o no.
La Casa Blanca ha utilizado la narrativa de una invasión para justificar legalmente acciones como la militarización de la frontera con México y la expulsión de extranjeros, en su mayoría venezolanos, hacia la megacárcel del CECOT en El Salvador.
No obstante, varias organizaciones de derechos humanos ya se pronunciaron contra estas políticas, y en múltiples ocasiones, los tribunales han fallado a su favor, frustrando los planes del gobierno.
Estas ONG han empleado precisamente el habeas corpus como herramienta legal para frenar expulsiones, incluyendo las de universitarios señalados por su activismo.
Precedentes históricos y confrontación judicial
La suspensión del habeas corpus es una medida extremadamente rara en la historia de Estados Unidos, habiéndose aplicado solo en cuatro ocasiones: durante la Guerra Civil y la Reconstrucción, en Filipinas bajo control estadounidense y en Hawái tras el ataque japonés a Pearl Harbor.
Sin embargo, la actual administración republicana ha decidido forzar los límites judiciales, desacatando órdenes de jueces federales y lanzando una campaña pública en su contra.
Un caso polémico ha sido el de las expulsiones al CECOT, donde el gobierno se ha negado a acatar la solicitud del Supremo y de un tribunal de menor instancia de facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, un migrante con estatus legal que fue enviado a El Salvador.
Miller, considerado el arquitecto de estas políticas, ha tildado a varios jueces federales de activistas y los ha acusado de orquestar un golpe de Estado judicial, intensificando la tensión entre los poderes ejecutivo y judicial en torno a la política migratoria.