Cortan financiamiento de programas para refugiados en Costa Rica
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 10 de mayo de 2025.- El compromiso de larga data de Costa Rica con la protección de los refugiados se encuentra al borde del colapso debido a recortes de financiación que están paralizando el apoyo a un creciente número de solicitantes de asilo nicaragüenses.
La advertencia fue emitida este viernes por la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), destacando que la nación centroamericana alberga a más de 200 mil refugiados y solicitantes de asilo, cerca del cuatro por ciento de su población total, de los cuales más de ocho de cada diez provienen de Nicaragua, huyendo de la agitación política y social.
La situación considerada crítica por la organización, tras un recorte presupuestario del 41 por ciento a las operaciones de ACNUR en el país. Ruvendrini Menikdiwela, alto comisionado adjunto para la protección, señaló que la asistencia que se está recortando es "crucial y salva vidas", no un lujo.
La capacidad para registrar a los recién llegados ha caído un 77 por ciento, lo que deja a los solicitantes de asilo en el limbo: indocumentados, sin apoyo y, en consecuencia, sin derecho a trabajar legalmente, asistir a la escuela o acceder a la atención médica. Con más de 222 mil solicitudes pendientes, algunos casos podrían tardar hasta siete años en procesarse.
Servicios cruciales en riesgo y un llamado urgente
La visita reciente de Menikdiwela a Costa Rica reveló las dificultades que enfrentan grupos vulnerables, como mujeres indígenas misquitas que huyeron de la violencia de género y lograron establecer espacios seguros. Sin embargo, la pérdida de servicios amenaza todo lo que han intentado reconstruir.
ACNUR advierte que el apoyo legal, la salud mental, la educación, la capacitación laboral y las iniciativas de protección infantil ya han sido reducidos o suspendidos, impactando especialmente a mujeres y niños en zonas remotas. La petición del gobierno costarricense es clara: "Ayúdennos a ayudar a esta gente", según Menikdiwela.
Por otro lado, está solicitando 40,4 millones de dólares para mantener sus operaciones en Costa Rica hasta 2025, en un intento por evitar un colapso humanitario. Esta crisis resalta que la protección a los refugiados debe estar respaldada por recursos.
La agencia de la ONU advierte que, si la comunidad internacional no interviene, las consecuencias podrían ser graves, no solo para quienes ya se encuentran en Costa Rica, sino también para la estabilidad de la región en general.